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Senador Charles Mariotti defiende Ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil De Bienes Ilícitos

Santo Domingo.- El senador por Monte Plata, Charles Mariotti Tapia, defendió este miércoles la Ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil De Bienes Ilícitos, aprobado en el Senado el pasado 5 de julio.
El legislador afirmó que la Ley garantizará un sistema eficaz de recuperación de bienes ilícitos, los cuales se convertirán en ingresos utilizados por el Estado para combatir la delincuencia organizada y saneará la economía nacional, evitando de igual forma el flujo de capital ilícito dentro de mercado.
“Con esta Ley se logrará que las personas que cometan ilícitos no obtengan ganancias o beneficios directos o indirectos de las actividades delictivas y a su vez se hace legítima la posibilidad de imponer sanciones en el orden público, contribuyendo al bienestar general de toda la sociedad”, indicó el representante de Monte Plata.
El proyecto de ley busca dar cumplimiento al mandato constitucional consagrado en el artículo 51 párrafo 6, sobre establecer la ley de régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio.
De acuerdo al artículo 75, de la aprobada ley, después de decomisados civilmente los bienes ilícitos, descontados los gastos administrativos del órgano administrador de los bienes incautados y decomisados, y demás gastos concerniente al proceso legal, los bienes se distribuirán de la siguiente manera:
Si provienen de infracciones relativas al narcotráfico corresponderá:
25 por ciento a la Procuraduría General de la Republica, 25 por ciento al Consejo Nacional de Drogas, 25 por ciento a la Dirección Nacional de Control de Drogas, 15 por ciento a las ONG que trabajen con prevención y regeneración de consumo de drogas y 10 ciento a la Policía Nacional.
En caso de que los bienes provengan de cualquier otra infracción que dé lugar a la acción de extinción de dominio corresponderá: 50 por ciento a la Procuraduría General de la República y 50 por ciento a la Policía Nacional.
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