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Dionis Sánchez propone retención del 1% a contratistas de obras del Estado, para destinarlo a sostenibilidad del 9.1.1

Santo Domingo.- El vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez,  sometió este miércoles el Proyecto de “Ley que Dispone la Creación de Recaudo para la Sostenibilidad del Sistema 9.1.1” con el objetivo de crear una normativa que permita identificar recursos que continúen solventando con efectividad el Sistema de Emergencia.
La iniciativa del senador por Pedernales, dispone que de las obras consignadas en el Presupuesto General del Estado de cada año, se retenga el 1% del valor a entregar de la obra contratada al contratista o ejecutor de la obra, para que dichos fondos sean destinados y utilizados en los gastos que incurre Sistema Nacional de Emergencias 9.1.1.
La pieza también establece que cada ministerio u organismo encargado de la contratación y ejecución de las partidas presupuestarias, está en la obligación de deducir y debitar el monto que genere la retención del 1% y transferirlo a las cuentas del Sistema de Emergencias 9.1.1.
El proyecto contempla sanciones, que van desde 25 a 50 salarios mínimos del sector público, a las instituciones que no hagan las retenciones conforme lo indica la ley.
Dionis Sánchez estima que con esta iniciativa se podría obtener más  de  800  millones de pesos, los cuales se adicionarían al presupuesto del 9.1.1, lo que contribuiría a convertir en auto sostenible este proyecto.
“Se hace necesario continuar solventando con efectividad el 9.1.1 y que este pueda ampliarse a otros municipios y comunidades, sobre todo de las zonas más vulnerables del país, como Pedernales, Elías Piña, Bahoruco, Dajabón, entre otras ubicadas en la Región Sur del país, hasta completar todo el territorio nacional” indicó Sánchez.

En unos de sus considerandos, la pieza indica que luego de implementado el 9.1.1, y al llegar al cuarto año de servicio, el sistema ha contribuido a que el país pueda exhibir estadísticas alentadoras en casos de atención a emergencias, así como en la persecución y resolución de casos delictivos, donde ya el 58% de la población cuenta con cobertura, es decir que unos 5 millones 800 mil ciudadanos tienen acceso al mismo.
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